Martes, Septiembre 02, 2014

Ariculos Claves de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.

estafainmobiLa Ley que regula la preventa, construcción y entrega de desarrollos residenciales fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial Nº 39.912. Lea aquí los puntos clave de esta nueva norma.

-Las disposiciones contenidas en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria buscan sancionar el delito de estafa y otros fraudes del sector inmobiliario.

-Esta Ley "garantiza la inviolabilidad del derecho que tienen las personas a acceder a los planes y proyectos destinados a vivienda".

-El concepto de Estafa Inmobiliaria que se maneja en la Ley es: “Para estar presente ante la estafa inmobiliaria, es necesario que se tenga disposición del inmueble, tener vigente para ello el contrato de compraventa y transmisión de la propiedad de forma ilegal”

-Según la Ley, la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, es la responsable de ejercer la regulación, control y sanciones. Es un nuevo organismo que se crea.

-El artículo 19 establece que si el comprador decide terminar el contrato, así la vivienda este en proceso de construcción o aún no se ha empezado su construcción, éste debe notificar por escrito, al contratista y a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, con un máximo de 90 días de anticipación.

-Mientras que el artículo 20 explica que el contratista debe reintegrar al comprador la totalidad de los montos dados en pago, dentro de un plazo de 30 días continuos, a partir de la fecha de notificación dada por escrito.

-El artículo 24 establece que el precio de la venta de la vivienda, en construcción o aún no construidas, debe ser calculado en base a la sumatoria de:

* El valor actual del terreno sobre el cual se edificará la obra.
* Costo total de la obra incluyendo urbanismo, áreas accesorias, servicios y equipamiento urbano.
* Costos financieros de los préstamos que reciba el constructor.

-En cuanto a los retrasos de la construcción, el artículo 26 expone que si el constructor tarda más de la fecha establecida en el contrato, deberá indemnizar al comprador, con un monto proporcional al tiempo de atraso, dos Unidades Tributarias (UT) por cada día de retardo.

-Para realizar denuncias, los compradores podrán acudir ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

-El artículo 40 establece las posibles sanciones a quienes incumplan, que van desde las 100 UT hasta las 2000 UT.

-De acuerdo al artículo 41, los constructores son los responsables de corregir las deficiencias o daños ocurridos a la vivienda por su negligencia. Quien no cumpla este artículo será sancionado con una multa de 2500 UT.

-El Artículo 42 explica que el funcionario de la Administración Pública que autorice la ocupación de las viviendas sin el otorgamiento de la habitabilidad respectiva, asume la responsabilidad civil, penal y administrativa. Mientras que el Ingeniero inspector, es el responsable de las irregularidades que avale en el cumplimiento de sus funciones. El incumplimiento de este artículo será sancionado con una multa 2500 UT.

Fuente: www.tusmetros.com

Ariculos Claves de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.

estafainmobiLa Ley que regula la preventa, construcción y entrega de desarrollos residenciales fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial Nº 39.912. Lea aquí los puntos clave de esta nueva norma.

-Las disposiciones contenidas en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria buscan sancionar el delito de estafa y otros fraudes del sector inmobiliario.

-Esta Ley "garantiza la inviolabilidad del derecho que tienen las personas a acceder a los planes y proyectos destinados a vivienda".

-El concepto de Estafa Inmobiliaria que se maneja en la Ley es: “Para estar presente ante la estafa inmobiliaria, es necesario que se tenga disposición del inmueble, tener vigente para ello el contrato de compraventa y transmisión de la propiedad de forma ilegal”

-Según la Ley, la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, es la responsable de ejercer la regulación, control y sanciones. Es un nuevo organismo que se crea.

-El artículo 19 establece que si el comprador decide terminar el contrato, así la vivienda este en proceso de construcción o aún no se ha empezado su construcción, éste debe notificar por escrito, al contratista y a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, con un máximo de 90 días de anticipación.

-Mientras que el artículo 20 explica que el contratista debe reintegrar al comprador la totalidad de los montos dados en pago, dentro de un plazo de 30 días continuos, a partir de la fecha de notificación dada por escrito.

-El artículo 24 establece que el precio de la venta de la vivienda, en construcción o aún no construidas, debe ser calculado en base a la sumatoria de:

* El valor actual del terreno sobre el cual se edificará la obra.
* Costo total de la obra incluyendo urbanismo, áreas accesorias, servicios y equipamiento urbano.
* Costos financieros de los préstamos que reciba el constructor.

-En cuanto a los retrasos de la construcción, el artículo 26 expone que si el constructor tarda más de la fecha establecida en el contrato, deberá indemnizar al comprador, con un monto proporcional al tiempo de atraso, dos Unidades Tributarias (UT) por cada día de retardo.

-Para realizar denuncias, los compradores podrán acudir ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

-El artículo 40 establece las posibles sanciones a quienes incumplan, que van desde las 100 UT hasta las 2000 UT.

-De acuerdo al artículo 41, los constructores son los responsables de corregir las deficiencias o daños ocurridos a la vivienda por su negligencia. Quien no cumpla este artículo será sancionado con una multa de 2500 UT.

-El Artículo 42 explica que el funcionario de la Administración Pública que autorice la ocupación de las viviendas sin el otorgamiento de la habitabilidad respectiva, asume la responsabilidad civil, penal y administrativa. Mientras que el Ingeniero inspector, es el responsable de las irregularidades que avale en el cumplimiento de sus funciones. El incumplimiento de este artículo será sancionado con una multa 2500 UT.

Fuente: www.tusmetros.com

Un infierno de ocho edificios.

edificiosEn la década de los setenta, poder vivir en alguno de los 2538 apartamentos de Parque Central era un privilegio. Los edificios Tacagua, Caroata, Catuche, Tajamar, San Martín, El Tejar, Mohedano y Anauco eran el sueño de calidad de vida para cualquier caraqueño.

José Abreu fue uno de los afortunados. Casi cuarenta años después, tiene problemas hasta para lo más cotidiano: botar la basura, estacionar su carro, caminar libremente por los pasillos o formar una Asamblea de Propietarios.

Para los habitantes de Parque Central, el complejo tiene años en decadencia, pero ahora ni siquiera tienen a quién acudir para intentar buscar soluciones.

Con la liquidación de la Inmobiliaria Parque Central (empresa filial del Centro Simón Bolívar que administraba el condominio), una junta liquidadora quedó a cargo del complejo desde marzo del año pasado. En junio se vence su vigencia y los vecinos ignoran qué ocurrirá.

Lo que más temen es que se vuelva realidad el rumor de que la administración pasará a manos del gobierno de Distrito Capital, pues eso los alejará aún más de la posibilidad de controlar sus problemas.

La comunidad reclama que durante este tiempo la junta no ha rendido cuentas de su gestión y los recursos del recibo de condominio no se reflejan en mejoras para el complejo.

Los vecinos han exigido sin éxito una reunión con los representantes de la junta, pues además desconocen el destino de su fondo de reserva y ven con impotencia cómo se ignoran las necesidades prioritarias de las residencias, como la reparación de los ascensores, el adecuado tratamiento de la basura, la atención de las filtraciones y una mejor vigilancia.

En Parque Central hay que andar con cuidado. Valerio López, vecino del complejo desde hace más de 20 años, cuenta que ha sido testigo de numerosos robos y que luego de las 5 de la tarde, la comunidad se autoimpone un toque de queda.

El momento más escalofriante es el de estacionar el carro. Los sótanos 2 y 3 serían escenarios perfectos para una película de terror: hay basura, filtraciones, charcos, chatarras de vehículos y otros con polvo de meses, todo en la penumbra. Los copropietarios ya no cuentan con los puestos en el sótano 1, pues desde hace años, la mayoría de éstos están reservados con cadenas para funcionarios públicos.

El funcionamiento de los ascensores es intermitente y en el recibo de condominio los vecinos pagan por el servicio de ascensoristas que no existen. Mientras, los elevadores pequeños, que llegan hasta el nivel de las oficinas, tienen años clausurados.

Muchos de los accesos también están condenados, como el que lleva a las residencias, desde el nivel Bolívar, así evitan que entren extraños a las residencias.

En donde funcionaban los servicios médicos del Centro Simón Bolívar ahora hay damnificados y los vecinos presumen que invasores se instalaron en algunas oficinas que estaban desocupadas, pues ahora cuelgan ropa en las ventanas.

Pero con todo y los males que sufren, los vecinos se resisten a pensar como Daniel Fernández-Shaw, uno de los arquitectos del complejo: "Parque Central se hizo para una Venezuela que ya no existe".

Fuente: www.tusmetros.com

Ricardo Molina : En julio se mudaran los primeros habitantes de Ciudad Tiuna.

Ricardo-MolinaRicardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat, aseguró este jueves que para la segunda semana del mes de julio, se mudarán los primeros habitantes a la Ciudad Tiuna, que se construye en los terrenos del Fuerte Tiuna en Caracas.

En un contacto con Venezolana de Televisión, Molina aseguró que se prevé la construcción de 23.786 viviendas erigidas por Rusia, Bielorrusia y China. Así lo indicó el ministro durante una inspección y acto de registro de títulos de propiedad en Ciudad Tiuna.

Fuente: www.tusmetros.com

Caracas traga polvo.

Poco a poco Caracas se convierte en un campo minado de fábricas de cemento. En pleno corazón de la ciudad existen al menos seis concreteras que sirven para construir viviendas de interés social.

"El problema no es la edificación de nuevos hogares, sino la falta de planificación del gobierno central. Esta improvisación está causando enfermedades en las vías respiratorias de los habitantes que pueden terminar hasta en enfisemas o cáncer de pulmón. Las víctimas: niños y ancianos", alertó Hiriam Gaviria, presidente de la comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

Hasta el momento siete comunidades están siendo afectadas: Santa Mónica, Juan Pablo II, Santa Eduvigis, El Paraíso, La Rinconada, El Llanito y La Carlota. Sectores que según Gaviria no fueron tomados en cuenta para la instalación de estas concreteras y por lo tanto sufren de contaminación ambiental, deforestación de árboles y aumento del tráfico pesado.

Alertó que las personas que viven cerca de estas instalaciones pueden ser víctimas de metales que se incrustan en los pulmones. "En ningún momento se consultó con la gente y estos complejos habitacionales no cuentan con los estudios de impacto ambiental que establece la Constitución", resaltó el diputado de la Unidad.

LIMPIECITO COMO UN SOL

Francisco "Farruco" Sesto, ministro para la Reconstrucción de Caracas, desestima la situación. Para él es imposible que estas cementeras estén contaminando el ambiente y mucho menos la salud de los ciudadanos. Específicamente se refirió a la planta de Producción y Distribución de Concreto Construpatria ubicada en La Carlota.

El ministro aseguró que esta instalación funciona a través de un proceso especializado que evita la emisión de sustancias. Por lo tanto, para Sesto la contaminación que denuncian los vecinos es virtual. "No hay absolutamente ninguna emanación, no hay manera de que el cemento contamine nada", indicó.

Gaviria recordó que es inaceptable que dos de las cementeras estén ubicadas en espacios que deben ser utilizados para la recreación de los caraqueños. Señaló que "en pleno corazón de Parque del Este hay una, sin contar con la de La Carlota".

LETRA MUERTA

Ni la Constitución ni la recién promulgada Ley Penal del Ambiente sirvieron para que las autoridades cumplan con lo establecido en la ley. Gaviria recordó que el artículo 129 de la Carta Magna establece que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural.
"El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos (...) Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas".



Pero nada de esto se está cumpliendo. Irana Capote, vecina de Santa Mónica (Caracas), advirtió que el gobierno está utilizando terrenos que no están en condiciones para construir seis edificios de 16 pisos con 850 apartamentos en esta urbanización.

A su juicio estos terrenos no tienen capacidad para aguantar tanto peso. Resaltó que en la parroquia San Pedro se han talado más de 600 árboles. Situación que calificó de inaceptable.

Es por esta razón que Gaviria junto con un grupo de vecinos afectados acudirán a la Fiscalía con la esperanza de que "se establezcan los mecanismos correctivos" para solventar esta situación.

Fuente: www.tusmetros.com

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