Miércoles, Octubre 01, 2014

Alcaldía de Sucre y UCV formarán constructores populares

alcaldiasucreVecinos de distintas comunidades del municipio Sucre serán becados para realizar cursos de albañilería, electricidad y plomería como parte del programa Constructores Populares de Sucre, presentado por el alcalde Carlos Ocariz.

La capacitación se realizará a través de una alianza estratégica con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y la Coordinación de Extensión Académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

"Estamos arrancando con 25 personas de las zonas populares de Sucre, que no solamente tendrán la oportunidad de formarse en un oficio y mejorar sus viviendas, sino también generar microempresas en base a progreso y trabajo que es lo más importante", señaló Ocariz.

El programa de Constructores Populares espera contribuir en la edificación de viviendas estables que cuenten con servicios públicos y que garanticen la estabilidad de todas las comunidades de las zonas populares.

Los beneficiados recibirán recursos a través del Presupuesto Participativo para la ejecución de obras de interés comunitario, y serán capacitados para desempeñarse en empresas de construcción.

Fuente: www.tusmetros.com

Por vía legal regularán los alquileres de locales comerciales

 vialegalEl control estatal sobre el mercado de alquileres avanza. Desde noviembre del pasado año el Gobierno tiene la potestad de establecer los cánones de arrendamiento de las viviendas, ahora se plantea que fije las rentas en los locales comerciales.

La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional elaboró un primer papel de trabajo sobre la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial y allí se indica que serán objeto de regulación: locales ubicados en centros comerciales, quioscos, stand, edificaciones de uso educacional, edificaciones de uso médico asistencial, galpones, estacionamientos, oficinas y otros locales comerciales.

La propuesta, al igual que la Ley de Alquileres de vivienda, contempla la creación de un nuevo organismo, la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, que se encargará de calcular los cánones que deberán cobrar los dueños de los establecimientos.

Los alquileres serán "justos" y su estimación se efectuará de acuerdo a un indicador que tendrá que elaborar el Banco Central de Venezuela. Los valores de los inmuebles serán determinados por los tasadores y peritos de esa nueva Dirección.

El texto en su artículo 58 indica que "el canon será fijado de acuerdo a lo establecido en la ley, lo justo a pagar y lo justo a cobrar, tanto por el arrendatario como por el arrendador que además sirva de protección al usuario de poder obtener bienes y productos de consumo a precios razonables de mercado y no especulativos".

Se agrega que para la estimación de las rentas se tomará en consideración: los tipos de locales y la tipología de construcción así como las dimensiones, ubicación geográfica y "todas aquellas circunstancias que influyan en las operaciones".

También se tendrá en cuenta "el valor fiscal declarado o aceptado por el propietario y el valor establecido en los actos de transmisión de la propiedad, realizados por lo menos seis meses antes de la fecha de solicitud de regulación y, los precios medios a que se hayan enajenado inmuebles similares en los últimos dos años".

Términos

Más allá de los cánones de arrendamiento, el Gobierno determinará las condiciones de los contratos de alquiler.

Según la propuesta, los contratos tendrán una duración de dos años y justamente cada años se revisará el canon.

El texto añade en el artículo 47 que "los arrendatarios podrán manifestar antes de la culminación del año, su voluntad de no continuar con el contrato sin el perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes".

Se apunta que "cuando se desvirtúe la relación arrendaticia por medio de otro tipo de contrato, éste se considerará nulo, debiendo prevalecer la realidad sobre las formas jurídicas y se ajustará a las formalidades contenidas en la Ley".

Aunque la propuesta señala que los alquileres serán revisados cada dos años, incluye excepciones para un ajuste previo al vencimiento de ese lapso.

Los cánones se podrán ajustar antes "cuando se cambie, total o parcialmente, por parte del órgano competente, el uso para el cual fue arrendado el inmueble" o "cuando el arrendador haya realizado en el inmueble, dentro del plazo de dos años, mejoras o reparaciones mayores cuyo costo excedan del 40% del valor del inmueble".

Registro

La propuesta contempla, así como en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la conformación del censo de contratos de alquiler de locales comerciales.

En las disposiciones transitorias se indica que "La Dirección Nacional, en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley, procederá a elaborar un censo de contrato de arrendamientos sobre inmuebles urbanos y suburbanos destinados al comercio, industria, profesión y educación. El censo de contratos será permanente".

Agrega que la Dirección también tendrá un registro para llevar estadísticas de inmuebles destinados al comercio.

Fuente: www.tusmetros.com

Lenta ejecución de fondos afectó casas por convenios

lentaEn 2011 el Gobierno amplió los acuerdos internacionales para la construcción de viviendas, pero la Memoria del Ministerio de Vivienda del pasado año reveló que la ejecución de esos proyectos fue lenta.

Los técnicos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional realizaron una revisión de la Memoria y detallaron que entre los obstáculos que enfrentó la producción de casas estuvo "la demora en el otorgamiento de los recursos por parte de los entes financieros y las fuentes de financiamiento de los convenios internacionales".

A través de los acuerdos con China, Belarús, Irán, Portugal, Brasil y Uruguay se contempla la construcción de 90.000 soluciones habitacionales. Para avanzar en esos proyectos el pasado año se asignaron 4,4 millardos de bolívares, pero al cierre de ejercicio solamente se erogó 55% de ese monto.

Además de los atrasos en el desarrollo de las casas por los convenios, el informe de los técnicos muestra otras fallas en los obras de los entes oficiales.

El documento indica que "hubo falta de transferencia del recurso por 157 millones que el Ipasmé debía usar para la reactivación de 38 obras". Agrega que al final el Ministerio de Vivienda asumió la asignación de los fondos faltantes.

Fuente: www.tusmetros.com

 

En Nueva Casarapa rechazan desarrollos de Misión Vivienda

casarapaDurante unas dos horas, aproximadamente cien vecinos de la urbanización Nueva Casarapa protestaron en la entrada del urbanismo, ubicado en Guarenas, contra la construcción de 280 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela en esa zona.

Yelitza Cova, residente del sector, indicó que la Vicepresidencia de la República le solicitó terrenos en los que construir a la Alcaldía de Plaza, y el mandatario municipal, Freddy Rodríguez, recomendó los de la antigua Hacienda Casarapa, aledaños a un barrio que tiene más de cien años y que durante la semana protestó la medida.

"En tres días realizaron el terraceo, pero no había gente que apoyara la protesta del barrio. Hoy (por ayer) que es fin de semana, nos unimos los residentes de la urbanización. Y continuaremos protestando, porque sentimos que nos hicieron un 'madrugonazo' con esta decisión" indicaron residentes de la urbanización.

Señalan los vecinos que el complejo, de 8 mil viviendas, tiene graves problemas de aseo urbano y agua, además de la inseguridad, todos los cuales se verían agravados luego de que las viviendas se ocupen, supuestamente, con damnificados que actualmente se encuentran en el hospital Oncológico de Guarenas, obra que fue abandonada.

Cova se pregunta qué ha pasado con las viviendas de Ciudad Belén, donde, en teoría, iban a reubicar a los damnificados del valle de Pacairigua. Los vecinos recogerán firmas para enviárselas a Minvivienda en rechazo a la construcción de apartamentos.

Fuente:www.tusmetros.com

Los propietarios deben abrir cuentas para cobro de renta

 propietariosLos 35.000 inquilinos que cancelaban la renta en el Juzgado 25 de Municipio de Caracas, que está cerrado desde hace un mes a pesar de ser el único del área metropolitana que recibe consignaciones de alquileres, deberán solicitar a los propietarios de los inmuebles que abran una cuenta bancaria para realizar los pagos.

Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos, dijo que la intención es comenzar a aplicar el mecanismo establecido en la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. "El pago se hará en una cuenta corriente, que debe abrir el arrendador para tal fin, la cual no podrá ser clausurada durante la relación arrendaticia", dice el artículo 68.

Aclaró que solamente en los casos en que los dueños de los inmuebles no aparezcan o se nieguen a cumplir con lo indicado en la legislación, los inquilinos deberán acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda para activar el procedimiento de pago a través del organismo, que abrirá una cuenta bancaria para este fin.

"Será parecido al mecanismo de consignación en tribunales, pero ahora estará a cargo de la Sunavi", dijo Sergent. Agregó que el organismo tendrá acceso a la información sobre los casos que manejaba el Juzgado 25, lo cual evitará que los inquilinos tengan que presentar copias del expediente y permitirá otorgar solvencias a quienes estén al día con los pagos.

La aplicación del artículo 68 y el cruce de información entre las instituciones forman parte de los acuerdos alcanzados en la mesa técnica entre representantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Sunavi y el Movimiento de Inquilinos. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, que denunció el cierre del juzgado hace casi dos semanas, lamenta no haber sido invitada.

Sin cobrar. Roberto Orta, presidente de Apiur, señaló que las medidas resuelven el problema de los inquilinos que temían quedar insolventes por la imposibilidad de pagar el alquiler, pero no solucionan la situación de los arrendadores que continúan sin poder disponer del dinero que estaba acumulado antes del cierre del tribunal de consignación.

Orta recordó que los recursos deben ser retirados antes del 12 de noviembre, porque ese día se cumple el plazo de un año fijado en la novena disposición transitoria de la ley, para que los recursos que estén sin reclamo en las cuentas abiertas por los tribunales para la consignación de alquileres sean destinados al Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador.

Apiur ha denunciado que la medida representa una confiscación del dinero cancelado por los inquilinos a través del mecanismo e incluso introdujo un recurso de nulidad ante el TSJ, que todavía no se ha pronunciado al respecto. La asociación calcula que en las cuentas de consignación hay 70 millones de bolívares.

Sergent aseguró que los dueños de inmuebles no deben preocuparse porque la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas informó que el Juzgado 25 volverá a abrir, lo cual les permitirá acudir a retirar el dinero. "En la reunión que tuvimos el jueves vimos que todo está avanzando con celeridad", agregó.

Fuente: www.tusmetros.com

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